La Generalitat empezará a sancionar a las viviendas que se alquilen a precios por encima de los marcados por el Índice de referencia

  • Se han detectado los primeros 30 casos susceptibles de sanción y se enviarán cartas a los 15 ayuntamientos de los respectivos municipios para instarles a incoar procedimiento sancionador, dado que es su competencia
  • En caso de que los ayuntamientos no actúen, la Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat, sancionará subsidiariamente con multas de entre 3.000 y 90.000 euros
  • Las infracciones más comunes detectadas son no hacer constar el Índice de referencia en los contratos, no individualizar los gastos que se incluyen en la renta y no detallar las características específicas que justificarían la superación de la renta establecida por el Índice

La Generalitat de Catalunya está culminando la primera fase de detección de contratos de alquiler que no se ajustan a la Ley 11/2020, de contención de rentas, para empezar a sancionar a los propietarios de viviendas que hagan contratos de arrendamiento con precios por encima de los estipulados por el Índice de referencia de precios del alquiler. Sólo en esta primera fase se han detectado 30 contratos con irregularidades.

La mayoría de las posibles infracciones son no hacer constar el Índice de referencia en los contratos, lo que impide comprobar que la renta solicitada esté de acuerdo con el Índice; no haber individualizado los gastos que se incluyen en la renta, y no detallar las características específicas que justificarían la superación de la renta establecida por el Índice.

Es por ello que la Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependiente de la Secreteria de la Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, se pondrá en contacto con los ayuntamientos de los municipios donde se han firmado estos contratos. Se trata de Manresa, Sant Boi de Llobregat, Sabadell, Barcelona, Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Vic, Rubí, Sant Feliu de Guíxols, Lleida, El Vendrell, Reus y Tarragona.

Se les dará un plazo de 10 días para que manifiesten si ejercerán o no la potestad sancionadora que les corresponde en materia de contención de rentas. En caso de que no lo hagan, la Generalitat actuará sancionando de manera subsidiaria y potestativa.

Hay que tener en cuenta que el control del incumplimiento de la norma en materia de contratos corresponde a los ayuntamientos. No obstante, de acuerdo con la Ley 18/2007, de derecho a la vivienda, si los ayuntamientos no ejercen o renuncian a esta función sancionadora, la Agència de l’Habitatge de Catalunya, adscrita a la Secretaria de l’Agencia Urbana i Territori, del Departament de Territori i Sostenibilitat, puede incoar el procedimiento de manera subsidiaria.

Revisión exhaustiva de contratos

El Institut Català del Sòl (Incasòl), también dependiente del Departamento de TES, tiene a su disposición los datos relativos a las fianzas de los contratos, que especifican los precios de alquiler de todos los contratos de arrendamiento formalizados. El Incasòl, mediante un protocolo establecido estos últimos meses, cede estos datos a la Agencia de la Vivienda para controlar la correcta aplicación de la Ley.

Así, la Agència de l’habitatge ha podido llevar a cabo estos meses una intensa labor de revisión de los contratos cedidos por el INCASÒL que ha permitido detectar, por ahora, los primeros 30 que podrían contener irregularidades.

Las multas a los propietarios pueden ir de 3.000 a 90.000 euros, según la gravedad de la infracción, tal como establece la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda. Se considera una infracción grave, sancionable con una multa de entre 9.000 y 90.000 euros, el hecho de establecer una renta de alquiler superior en un 20% a la marcada por el Índice. Se consideran infracciones leves, sancionables con multa de 3.000 a 9.000 euros, que la renta supere el precio establecido por el Índice en un tanto por ciento inferior al 20%, así como el hecho de no adjuntar en el contrato o no facilitar al arrendatario el documento que genera el sistema de indexación de los precios de alquiler, con la información relativa al valor del índice correspondiente a una vivienda análoga.

Herramientas al alcance de la ciudadanía

Finalmente, también se han puesto al alcance de la ciudadanía las herramientas necesarias para asegurarse de que cuando firman un contrato de alquiler el precio de la renta se ajusta a la legalidad.

Así pues, se puede consultar telemáticamente el Índice de referencia de precios de los alquileres y si una vivienda dispone de cédula de habitabilidad mediante el buscador para direcciones de la web de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Esta información es especialmente útil poderla consultar telemáticamente, ya que la cédula contiene la información relativa a los metros cuadrados útiles de la vivienda, que son los que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar el Índice.

Guía para la inspección periódica de instalaciones de gas domésticas

La instalación de gas requiere determinadas actuaciones periódicas para un funcionamiento seguro en su utilización y un aprovechamiento óptimo de la energía. Con el fin de conocer todas las comprobaciones que se harán en el hogar, la entidad Nedgia del grupo Naturgy ha elaborado una guía práctica con el procedimiento que ésta sigue.

1. COMPROBACIÓN DE FUGAS DE GAS EN LA INSTALACIÓN

• El técnico reseguirá toda la instalación de gas con un detector portátil para comprobar que no haya ninguna fuga. En caso de que se detecte una y no pueda ser reparada al instante, y por una cuestión de seguridad, se deberá cerrar el paso del gas de forma total o parcial, en función de la localización de la fuga.

• Si detecta olor a gas, RECUERDE:

Cerrar la llave de paso, abrir las ventanas y ventilar la vivienda.

Comprobar que las llaves de los quemadores estén cerradas. o Si cuando vuelva a abrir la llave del gas aún se siente olor, vuelva a cerrar y avisar a una empresa autorizada para llevar a cabo la reparación.

2. COMPROBACIÓN DE LAS TUBERÍAS DEL GAS

• El técnico comprobará que los tubos estén debidamente protegidos con una vaina (funda protectora) en caso de que éstos no se vean o que pasen por zonas visibles del edificio. Además, comprobará que las partes visibles de las tuberías no estén en contacto con los cables e instalaciones eléctricas.

3. CONDICIONES DE VENTILACIÓN Y SITUACIÓN DE LOS CONTADORES DE GAS

• El técnico verificará que el contador de gas tenga una ventilación adecuada. En el supuesto de que esté situado en el interior de la vivienda, comprobará que no haya en el interior del armario del contador ninguna instalación eléctrica a menos de 20 cm.

• En caso de que los contadores estén centralizados, en el recinto donde estén situados no se admite la existencia de aparatos o maquinaria eléctrica.

4. VENTILACIONES EN LOS LOCALES QUE CONTIENEN APARATOS DE GAS

• Se supervisará que los aparatos de gas estén instalados en locales o estancias adecuadas de la vivienda y que tengan una correcta ventilación al exterior o en un patio (rejilla de salida de aire o similar).

• Para una correcta ventilación, RECUERDE: o No tapar las aberturas de ventilación. o Si cierras la terraza / galería, adecuad las aberturas de ventilación.

5. CONEXIÓN DE LOS APARATOS DE GAS EN LA INSTL·LACIÓN

• El técnico comprobará que los aparatos de gas estén correctamente conectados:

a) Los aparatos fijos deben conectarse con tubo rígido o con tubo flexible de acero inoxidable.

b) Los aparatos móviles (excepto secadoras de gas) pueden conectarse con: o Tubo flexible de seguridad que, corta el paso del gas en caso de desprendimiento del tubo. o Tubo flexible de elastómero unido mediante boquillas y abrazaderas.

• También comprobará que los tubos flexibles de elastómero o cualquier otro tipo de tubo no metálico, no estén en contacto fácil con el horno de la cocina, para que no sufran ningún deterioro debido al calor.

c) Las secadoras de gas natural deben conectarse con un tubo flexible de acero inoxidable o tubo flexible de seguridad. Si el tubo está visiblemente dañado, deberá cerrar el paso del gas al aparato, para garantizar su seguridad.

RECUERDE:

Sustituir el tubo flexible de elastómero antes de la fecha de caducidad indicada en el mismo tubo.

Recomendamos el uso del tubo flexible de seguridad para la conexión de los aparatos de gas móviles.

No se permite situar aparatos de gas de circuito abierto a los baños, lavabos o dormitorios de una vivienda. Sólo se autorizan aparatos de circuito estanco.

6. CONDUCTAS DE EVACUACIÓN DE CALENTADORES Y CALDERAS

• El técnico verificará que los calentadores estén unidos a un conducto que evacue hacia el exterior de la vivienda los gases producidos en la combustión en estos aparatos, e impida que se acumulen en su interior.

• Para cumplir su cometido, el conducto de evacuación debe reunir las siguientes condiciones:

El conducto debe ser ascendente y no puede tener pendiente negativa en todo el trazado.

Las uniones entre los tramos del conducto y el aparato deben ser estancas. El conducto no debe tener grietas, roturas ni estrangulamientos.

El conducto debe desembocar en una evacuación colectiva o directamente al exterior, en este último caso debe tener un deflector en su extremo. o Los conductos de evacuación de los calentadores y calderas no se pueden utilizar para conectar las campanas extractoras de las cocinas.

IMPORTANTE: mantener limpias en todo su recorrido las chimeneas de evacuación.

7. COMPROBACIÓN DE LA COMBUSTIÓN EN CALENTADORES, CALDERAS Y VITROCERÁMICAS

• El técnico comprobará que el nivel de monóxido de carbono presente en los gases de la combustión no supere los límites aceptados, a través de analizadores de combustión electrónicos de alta precisión y sensibilidad.

• En caso de que se superen los límites establecidos, deberá abstenerse de su utilización y proceder a su inmediata reparación.

RECUERDE: En caso de anomalía en la combustión, póngase en contacto con los servicios técnicos y / o de mantenimiento.

Es recomendable contratar un servicio de mantenimiento que haga una revisión anualmente en el caso de calderas y calentadores.

En cuanto a calderas de tiro natural que se encuentren en el mismo recinto que una campana extractora, se debe disponer de un mecanismo que impida el funcionamiento simultáneo de los aparatos.

8. COMPROBACIONES QUE SE HACEN LOS APARATOS DE GAS

• La existencia y el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad para extinción o detección de llama, o por análisis de la atmósfera.

• El funcionamiento correcto de la válvula automática de corte de gas a los calentadores y calderas.

• Evaluará la existencia de retroceso y la concentración masiva de CO ambiente en el local o vivienda

IMPORTANTE: Si la llama de los quemadores de la cocina se apaga al reducirlos al mínimo, hay que contactar con el servicio técnico del fabricante del aparato.

9. EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA / INFORME DE ANOMALÍAS

• Una vez finalizada la inspección, el técnico entregará el certificado de inspección periódica sin defectos o, en su caso, con alguna/s anomalía/as.

A.- En caso de que la inspección sea correcta, su instalación quedará en regla hasta la próxima inspección periódica (Según la Agencia Catalana del Consumo, se realizarán inspecciones periódicas cada cinco años).

B.- Ante un defecto principal, este será corregido inmediatamente ya que supone un cierre total o parcial de la instalación.

C.-En caso de que el defecto sea secundario, el plazo máximo para su resolución o corrección será de seis meses.

En ambos casos, será necesario presentar un justificante de corrección de defectos cumplimentado por un instalador autorizado.

Medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados

Como consecuencia de la situación de pandemia por la Covid-19, las autoridades competentes han adoptado medidas de diferente naturaleza con el objetivo de minimizar los riesgos de contagio. La suspensión y restricción de actividades económicas, a pesar de tener carácter transitorio, han tenido y siguen teniendo un fuerte impacto social y, en especial, sobre los empresarios y trabajadores de los negocios que se han visto obligados a cerrar o restringir su actividad.

Ante esta situación, y para intentar evitar el cierre de empresas, así como la pérdida de puestos de trabajo, recientemente se ha dictado el Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados, que prevé la posibilidad de modificar las condiciones contractuales. Así, si como consecuencia de la pandemia un arrendatario sufre la suspensión del desarrollo de su actividad, o una restricción del aprovechamiento del local arrendado, en los contratos suscritos a partir del 1 de enero de 1995, la parte arrendataria puede requerir a la arrendadora una modificación razonable y equitativa de las condiciones del contrato, con el fin de restablecer el equilibrio de las prestaciones.

En caso de que las partes no consigan llegar a un acuerdo, el decreto prevé las reglas a aplicar mientras dure la suspensión o restricción:

• En caso de suspensión del desarrollo de la actividad, las rentas y otras cantidades debidas por la arrendataria se reducirán en un 50%.

• En caso de restricción parcial del aprovechamiento material del inmueble, la renta y otras cantidades debidas se reducirán en una proporción igual a la mitad de la pérdida de aprovechamiento del inmueble.

• La prestación de servicios de entrega a domicilio o de recogida de productos en el establecimiento no afecta a la aplicación de las reducciones anteriores.

• La parte arrendataria puede exigir a la arrendadora que destine total o parcialmente el pago de las rentas y demás cantidades debidas, todas las cantidades entregadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones (excepto la fianza y otras cantidades depositadas en el organismo oficial). En este caso, la parte arrendataria deberá reintegrar en el plazo de 1 año las garantías que se hayan imputado al pago de las rentas o antes de que finalice el contrato si el plazo de duración es inferior.

• En caso de que la suspensión del desarrollo de la actividad se alargue más de tres meses en un año, la arrendataria podrá desistir del contrato sin penalización.

Finalmente, conviene tener presente que las reducciones de renta y otras cantidades serán efectivas a contar desde la fecha del requerimiento que envíe la arrendataria.

Juntas de propietarios y la Covid 19

Estos días sólo hay que salir a la calle para ver que en las zonas de ocio, hay importantes concentraciones de personas que además de no respetar la distancia social, no llevan mascarillas, se abrazan y interactúan como si nada hubiera pasado. El tiempo del confinamiento ha pasado y no queremos recordarlo, y nada mejor que volver a la «dolce vita».

Esta complacencia con la Covid-19 también ha llegado a las comunidades de propietarios, que con el buen tiempo, quieren reunirse para celebrar la Junta anual ordinaria de la comunidad. Se acabó el estado de alarma y hemos entrado en la malentendida nueva normalidad. Pensamos que ya podemos hacer lo que hacíamos antes. Los diferentes gobiernos autonómicos, con las competencias recuperadas, nos han dado manga ancha, confiando en que somos ciudadanos responsables y cumpliremos con las medidas preventivas y evitaremos encuentros y actos sociales. Las Juntas de propietarios, no se escapan de esta inercia hacia la nueva normalidad. Queremos hacer la junta de propietarios porque nos sentimos inmunes, y tenemos el convencimiento de que a nosotros no nos tocará, sin saber que cada vez que nos ponemos en situaciones de riesgo, estamos jugando a la ruleta rusa que nos toque la Covid-19.

El Gobierno de la Generalitat, aprobó la semana pasada el Decreto 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa, que suspende la obligación de convocar Juntas de propietarios hasta el 30 de abril de 2021, estableciendo que el último presupuesto anual aprobado se entiende prorrogado hasta la celebración de la junta ordinaria, en la que también se procederá a la aprobación de las cuentas anteriores y a la renovación de los cargos, de acuerdo con lo establecido en artículo 553-15 del Código civil de Cataluña. Así pues, en Cataluña, el hecho de no convocar la Junta de propietarios, no debe incidir de una forma especialmente negativa sobre la organización, la actividad y el cumplimiento de las obligaciones legales de la comunidad porque por ley se han prorrogado los presupuestos y los cargos.

Este Decreto Ley, de forma excepcional, permite que aquellas comunidades que, atendiendo a sus circunstancias y las medidas de seguridad en cada momento aplicables, pueda el Presidente, o si lo pide al menos un veinte por ciento de los propietarios con derecho a voto, que representen el mismo porcentaje de cuotas convocar y celebrar la junta de propietarios dentro de este plazo.

De ser necesaria convocar la Junta ordinaria, o extraordinaria, se puede celebrar perfectamente por videoconferencia, aunque no conste esta posibilidad en los estatutos de la comunidad. En el siglo XXI, ya no debe ser excusa la falta de medios para poder conectarse, ya que desde cualquier teléfono móvil (smartphone) cualquier propietario se puede conectar. Esta posibilidad ya existe desde el 27 de marzo de este año, recogida en el Decreto Ley 10/2020, aprobado pocos días después de entrar en el estado de alarma. La experiencia adquirida por muchos administradores es positiva, hay más participación, y en muchos casos suelen ser más ágiles y productivas que cuando se hacen presencialmente.

Por otra parte, también se continúa con la posibilidad de tomar «acuerdos sin reunión» mediante la emisión del voto por correo postal, comunicación telemática (correo electrónico) o cualquier otro medio, siempre que el propietario haya recibido toda la información con relación a los puntos a tratar, quede constancia de la recepción del voto, y se garantice la autenticidad del mismo.

El impacto de la pandemia, la duración del estado de alarma y la vigencia de estas medidas aconsejan mantener temporalmente varias medidas de carácter extraordinario, y una de estas es evitar hacer reuniones presenciales en las comunidades de propietarios, y si hay que hacerlas, por responsabilidad se debe optar prioritariamente para convocar las reuniones por videoconferencia o mediante la adopción de acuerdos sin reunión, que garantizarán el buen funcionamiento organizativo de la comunidad, y se contribuirá a evitar posibles rebrotes, que provocaría el confinamiento de aquellos propietarios que participaron en la reunión comunitaria.

Ciertamente, la evolución de la pandemia muestra signos positivos, pero no debemos olvidar la evidencia clínica que pronostica posibles rebrotes, cuya intensidad puede volver a constituir una amenaza para nuestros servicios sanitarios, lo que aconseja la no realización de juntas de propietarios.

31 de octubre, nuevo plazo, para completar el Segundo Dividendo Digital

El Segundo Dividendo Digital es el proceso por el que se liberan las frecuencias asignadas a los canales de televisión en la banda de 700MHz con el objetivo de que puedan ser utilizadas para desplegar las futuras redes 5G.

El proceso se ha visto afectado en su ejecución por la situación excepcional provocada por el COVID-19 y las medidas de distanciamiento social y restricción de la movilidad adoptadas.

23 de junio de 2020.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la nueva fecha para la finalización del proceso de liberación de la banda de 700MHz, conocido como Segundo Dividendo Digital, que será el próximo 31 de octubre de 2020.

Esta nueva fecha es consecuencia de la situación excepcional provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, ya que las medidas de distanciamiento social y restricción de movilidad implantadas durante el estado de alarma obligaron a ralentizar la ejecución de las actuaciones para la liberación de estas frecuencias, necesarias para el despliegue de las futuras redes 5G.

El pasado 30 de marzo España comunicó a la Unión Europea que, tal y como establece la norma por causas de fuerza mayor y estaba ocurriendo en otros países, la situación provocada por el COVID-19 impedía completar el proceso para el 30 de junio de 2020, plazo establecido en la Decisión 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo.

En consecuencia, se produce también el aplazamiento de la licitación de la banda de frecuencias de 700Mhz para servicios 5G, que, tal y como anunció el pasado mayo la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se producirá en el primer trimestre de 2021.

La nueva fecha para completar el proceso del Segundo Dividendo Digital se ha establecido teniendo en cuenta la finalización del estado de alarma, el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad y después de analizar la situación de los trabajos realizados hasta la fecha en toda España.

Por otra parte, las emisiones en simulcast (emisión simultánea de un canal de televisión a través de las frecuencias nueva y antigua) se van a mantener hasta el 30 de septiembre, con el fin de facilitar a los usuarios la adaptación de sus instalaciones para recibir las nuevas frecuencias planificadas.

Las tareas de liberación del Segundo Dividendo Digital que han de ejecutar los distintos agentes se deberán seguir realizando, en cualquier caso, siguiendo siempre las instrucciones dictadas por las autoridades sanitarias. En concreto, el personal técnico que realice actuaciones en los edificios y domicilios particulares deberá adoptar las medidas de prevención necesarias, como el distanciamiento social, la utilización de mascarillas y guantes desechables o soluciones desinfectantes.

La crisis sanitaria demuestra por qué un administrador de fincas colegiado (AFC) es vital

Tiempos excepcionales como los vividos permiten valorar la profesionalidad y el compromiso con el bienestar de todos por parte de los administradores de fincas colegiados de Cataluña.

Cuando la desescalada gradual comienza a traer la normalidad a nuestro día a día, es hora de reconocer el trabajo de quienes durante más de dos meses de crisis sanitaria han estado ejerciendo sus responsabilidades, adaptándose a las circunstancias. Es en tiempos complicados cuando realmente se demuestra el valor de contar con un buen profesional como son los administradores de fincas colegiados (AFC), que han estado al lado de sus clientes ofreciendo todos sus servicios de manera telemática para ayudarles a superar del mejor modo las dificultades que han podido surgir durante el confinamiento.

“Los Administradores de Fincas hemos tenido la oportunidad de medir nuestras fuerzas como colectivo profesional, reafirmado nuestro compromiso como prestadores de servicios esenciales y ejerciendo de canales de transmisión directa ante la sociedad y la Administración Pública” explica Anabel Miró, presidenta del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya. Sus colegiados han velado por los intereses y la salud de propietarios, vecinos y comunidades con un nivel de compromiso y profesionalidad que han aportado confianza y seguridad a todos. “Desde el primer momento, los AFC han asumido con responsabilidad y rigor su misión, garantizando el buen funcionamiento de todos los servicios comunes en los inmuebles, trasladando las medidas y recomendaciones necesarias para la seguridad de las personas, coordinando y solucionando incidencias, resolviendo dudas y lanzando mensajes de tranquilidad”, destaca Miró.

Por qué mejor un administrador de fincas colegiado (AFC)

Los administradores de fincas ofrecen la más alta calidad de servicio y de compromiso al cumplimiento de las necesidades de sus clientes y que se complementa, por su pertenencia a la organización colegial, con seguros profesionales que otorgan un plus de garantía a los consumidores y usuarios en todas sus actuaciones.

El trabajo de los administradores de fincas adscritos a los tres colegios que conforman el Consell de CAFCAT son el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el de Tarragona y el de Girona; quienes desarrollan una intensa labor siguiendo cinco líneas estratégicas: el seguimiento de un código deontológico que garantice la buena praxis de los colegiados atendiendo para ello a la ciudadanía; la divulgación de la profesión y de la marca profesional; la formación continuada a sus colegiados; la información, trasladando y facilitando la abundante normativa que emana de los poderes públicos, así como los servicios que favorecen su actividad, como por ejemplo y entre otros, el de emisión de certificados electrónicos que tan útil se ha demostrado en esta etapa de tramitaciones virtuales.

Las ventajas de contar con un administrador de fincas colegiado (AFC)

Entre otras, la buena gestión de los edificios implica adoptar las medidas convenientes para conservar los bienes y funcionamiento de los servicios de los mismos, decidiendo incluso las obras de reparación y conservación de carácter urgente.

Otras funciones de gran importancia son las soluciones para controlar los problemas por morosidad, situaciones que habitualmente resuelve con eficacia un administrador de fincas, asesorando sobre cómo debe actuar la comunidad de propietarios ante un vecino moroso, qué pasa si este propietario es un banco, o cómo afrontar que se niegue a cumplir con sus obligaciones de pago.

Morosidad, ocupaciones, accesibilidad, seguros, control de mantenimiento del edificio… son algunas de las situaciones que habitualmente resuelven los administradores de fincas de Catalunya

Otra de sus labores es asesorar a los propietarios cuando se plantean problemas de accesibilidad, proponiendo las distintas soluciones para eliminar las barreras arquitectónicas. También la mediación ante los problemas de convivencia, ruidos o los derivados en casos de ocupación de una finca o inmueble y las dificultades asociadas de seguridad, mantenimiento o desórdenes que se pueden llegar a producir.

Asimismo, informan y asesoran en casos de incidencias que puedan surgir sobre la posible cobertura de la póliza de seguros del edificio y cualquier otra gestión relacionada con las reparaciones necesarias relacionadas con la conservación y mantenimiento del inmueble.

En todos los casos, los administradores de fincas dan la respuesta adecuada, respetando los intereses de todos los implicados, haciéndose cargo de todos los trámites y ajustándose a la legislación a aplicar en cada situación. Los administradores de fincas colegiados, sin duda, son los profesionales en quien confiar cuando se trata de un bien tan importante como la vivienda o gestión del patrimonio inmobiliario.

Las piscinas desmontables

Con la llegada del buen tiempo y del verano, son muchos los propietarios, inquilinos que se plantean comprar e instalar una piscina desmontable en casa, ya sea en la azotea, balcón, etc.

Desde el Colegio de Aparelladors y Arquitectes Técnics de Girona, se recuerda que estas piscinas NO se pueden instalar en azoteas o balcones, sin tener previamente la confirmación de que la estructura de la casa o comunidad puede soportar este sobre peso.

Durante los periodos estivales, se incrementa la venta de piscinas desmontables o hinchables para instalar en casa para que los niños puedan disponer de alternativas de ocio. Es por este motivo que os recordamos que antes de instalar una piscina desmontable es preciso asegurarse de que la estructura del edificio lo pueda soportar, tanto si se quiere instalar en balcones o terrazas, como en azoteas o patios de planta baja situados sobre los sótanos.

¿Qué debemos saber para instalar una piscina desmontable?

Necesitaremos tener la información del estado de la estructura donde se quiere instalar la piscina y el peso máximo que ésta puede aguantar. Con estos datos podremos saber la altura máxima de agua que puede tener esta piscina.

Son muchos los riesgos de colocar un exceso de peso en una terraza, y las piscinas desmontables son una forma sencilla de sobrepasar la capacidad de aguante de un techo.

Quién nos puede facilitar esta información?

A través del administrador de la finca o a través de un profesional técnico – Aparejadores y Arquitectos Técnicos, también Arquitectos- son todos, profesionales formados específicamente en la construcción, reforma y mantenimiento de edificación. Es por este motivo que se recomienda dirigirse a cualquier técnico con esta formación.

¿Qué tipo de información podemos pedir?

En el caso de viviendas unifamiliares se recomienda contactar con un Técnico de Cabecera, pues con una consulta que no requiere de la elaboración de ningún informe específico, podrá obtener el asesoramiento técnico necesario para conocer las posibilidades, y condiciones para la instalación de una piscina desmontable.

En el caso de edificios plurifamiliares o comunidades de vecinos, se recomienda encargar un Informe Técnico sobre la dimensión máxima admisible de estas piscinas desmontables, para conocer las posibilidades y limitaciones y evitar así problemas y riesgos innecesarios o evitables.

A título indicativo, las estructuras de viviendas, están calculadas para aguantar un sobrepeso de 200 Kg por metro cuadrado y en muchos casos las azoteas de uso privado sólo 100 Kg por metro cuadrado.

Todo ello, teniendo en cuenta, la época en que se construyó la edificación y el estado actual en que se encuentra la estructura. Así, en la mayoría de casos, y sin contar el peso de las criaturas bañándose, con 10 o 20 cm de agua, ya estaremos por encima de la resistencia estructural de la terraza o azotea.

El problema no es sólo el riesgo de desprenimiento de la azotea, sino que la colocación de la piscina acabe provocando fisuras, grietas, u otras patologías.

Por lo tanto y para concluir, desaconsejamos totalmente y sin ningún estudio previo colocar o instalar, piscinas de más 20 centímetros de agua en las terrazas tanto de edificios antiguos, como de edificios nuevos.

Ayudas en el pago de los alquileres en régimen de vivienda habitual

El pasado día 2 de mayo de 2020, entró en vigor la orden TMA/378/2020, de 30 de abril aprobada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para regular y definir los criterios, condiciones y requisitos de las personas arrendatarias en régimen de vivienda habitual que pueden acceder al paquete de ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto Ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covidien-19, mediante el otorgamiento de un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Requisitos para la concesión del préstamo

Por un lado, se otorgarán, por concesión directa y por una sola vez, a los arrendatarios de viviendas habituales, residentes en España, con un contrato de arrendamiento en vigor y que se encuentren afectados tanto ellos como algunos de los miembros de la unidad familiar, por una circunstancia que implique una reducción sustancial de sus ingresos como consecuencia de la actual crisis sanitaria. (ERTE, cese de actividad, reducción de jornada por motivo de cuidados…).

Por el otro, cuando el conjunto de los ingresos familiares, en el mes anterior a la solicitud de la ayuda, no alcancen el límite de cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), establecido en 2.689,20 euros (537,84 € x 5).

Y por último, que la renta del alquiler más los gastos y suministros básicos (incluye servicio de electricidad, gas, gasóleo para calefacción, agua corriente, servicios de telecomunicación fija y móvil, y contribuciones a la comunidad de propietarios) en su conjunto, sea superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciban el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

Condiciones del préstamo

El préstamo se concederá por una cuantía de hasta el 100% del importe de seis mensualidades, en virtud del contrato de arrendamiento vigente de vivienda habitual, con un máximo de 5.400 euros, a razón de un máximo de 900 euros por mensualidad. Estos préstamos no devengarán ningún tipo de gasto ni interés para los solicitantes y la entidad no podrá exigir al interesado la contratación de ningún producto o servicio adicional.

Las seis mensualidades financiables podrán ser desde el 1 de abril de 2020 y no podrán ser posteriores a 6 meses a contar desde la firma del préstamo entre la entidad bancaria y la persona arrendataria ni posteriores al fin de vigencia del contrato de arrendamiento o sus prórrogas.

El plazo de amortización inicial podrá ser de hasta 6 años, y podrá pactarse un periodo de carencia de seis meses. La entidad de crédito abonará el importe del préstamo, correspondiente a las seis mensualidades, directamente a la persona o entidad arrendadora de la vivienda, previa comunicación al titular del préstamo.

La parte arrendataria podrá realizar la cancelación total o amortización anticipada facultativa de la financiación, sin que ello le genere gastos y / o comisiones. En todo caso, la cancelación o amortización anticipada, total o parcial, se producirá de manera inmediata en el supuesto en el que se satisfaga, respectivamente, la totalidad o parte del importe del préstamo, ya se realice el pago por el arrendatario o por las Administraciones públicas competentes en materia de vivienda o protección social.

Plazos para la presentación de las solicitudes y formalizaciones de los préstamos

La parte arrendataria deberá presentar la solicitud ante la entidad de crédito, antes del 30 de septiembre de 2020 y deberá ser formalizada antes del 31 de octubre de 2020, pudiéndose prorrogar de forma extraordinaria hasta el 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2020, si fuera necesario.

Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19

El Real Decreto Ley 11/2020, ha entrado en vigor el día 2 de abril de 2020 con el fin de regular, entre otras muchas medidas de carácter social y económico, nuevas medidas para apoyar a aquellas familias y colectivos más vulnerables, que ante la pandemia y la paralización de la actividad económica, han visto afectados sus ingresos y en consecuencia, su capacidad económica para hacer frente a los gastos derivados de sus hogares.

A efectos de los arrendamientos urbanos, la norma será de aplicación a dos colectivos diferenciados, los de carácter subjetivo y objetivo. El primer grupo afectará a aquellas personas, arrendatarias, en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia del coronavirus, mientras que el segundo grupo, afectará en todos aquellos contratos de alquiler suscritos al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Una vez se levante el estado de alarma, en las tramitaciones de procedimientos de desahucio derivados de contrato de arrendamiento, y siempre que la parte arrendataria acredite ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de expansión de la COVID- 19 que lo imposibilite encontrar una alternativa habitacional para él y para las personas con las que conviva, se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento por el tiempo estrictamente necesario a tenor del informe de los servicios sociales. Si este no estuviera señalado, se suspenderá el plazo o la celebración de la vista, por un periodo máximo de seis meses desde el 2 de abril.

Prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual.

Ante los contratos en los que dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto 11/2020 (2 de abril 2020), hasta el día que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma por la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se podrán, previa solicitud de la parte arrendataria y posterior aprobación de la parte arrendadora, prorrogar de forma extraordinaria por un periodo máximo de 6 meses. Durante esta vigencia, se mantendrán y se aplicarán los términos y condiciones establecidos en el contrato.  Este supuesto es aplicable en todos los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, esté la parte arrendataria en una situación de vulnerabilidad o no.

Aplicación automática de la moratoria de la deuda de arrendamiento en caso de grandes tenedores y empresas (fondos de inversión, entidades bancarias) o entidades públicas de vivienda.

Cuando la persona arrendadora sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor y la parte arrendataria se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, esta y en el plazo de 1 mes desde la entrada en vigor del presente decreto, podrá solicitar, el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta, siempre que este aplazamiento, condonación total o parcial no se hubiera logrado con un acuerdo previo y voluntario  a la entrada en vigor de este decreto.

En el supuesto de que el acuerdo previo no se hubiera producido, y la parte arrendataria lo solicite, aportando la documentación relacionada en el Real Decreto, la parte arrendadora tendrá que comunicar expresamente a la parte arrendataria, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogiendo entre las siguientes alternativas:

1.- Una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa de la COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.

2.- Una moratoria en el pago de la renta que se aplicará de forma automática mientras dure el periodo el estado de alarma y mensualidades siguientes, si todavía dura la situación de vulnerabilidad y con un máximo de 4 meses. La parte arrendataria, una vez superada esta situación procederá a abonar la cuota o cuotas no pagadas, a lo largo de un periodo no superior a tres años, y siempre dentro del plazo que falte para la finalización del contrato o cualquiera de sus prórrogas. La parte arrendadora no podrá imponer ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas no devengarán ningún tipo de interés.

La parte arrendataria, tendrá a su disposición según el programa de ayudas transitorias de financiación, una línea de avales promovida por el instituto de Crédito Oficial (ICO) sin intereses ni gastos que podrán cubrir un periodo máximo de seis mensualidades de renta, y con un periodo de retorno de 6 años (ampliable hasta 10 años). Así mismo, tendrá acceso en un programa para mitigar los efectos de la COVID 19, consistente en ayudas de hasta  900 euros en el mes y de hasta el 100% de la renta o, si procede, de hasta el 100% del principal e intereses el préstamo que se haya suscrito con el cual se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.

Modificación de condiciones del contrato para arrendadores no considerados grandes tenedores, fondos de inversión y ayudas a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida.

En aquellas situaciones donde la parte arrendadora no es un fondo de inversión o grande tenedor, la parte arrendataria (en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida) podrá solicitarle hasta el  próximo 2 de mayo, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que este aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario.

Hecha esta solicitud, la parte arrendadora tendrá que comunicarle, en el plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, si no, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas. Si la persona arrendadora no acepta ningún acuerdo sobre el aplazamiento y, en cualquier caso, cuando la parte arrendataria se encuentre en la situación de vulnerabilidad sobrevenida, esta podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación anteriormente mencionadas.

A todos los efectos, las medidas que prevé el presente Real Decreto Ley mantienen la vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración de alarma. No obstante lo anterior, aquellas medidas que prevé este Real decreto ley que tienen un plazo determinado de duración, se tienen que sujetar a este.

Definición de conceptos clave:

Grande tenedor y fondo de inversión , entidades bancarias o entidades públicas de vivienda

Persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m².

Personas en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida

Que pasen a estar en situación de paro, expediente de regulación temporal, o hayan visto reducida su jornada por motivo derivados del COVID-19. En caso de ser empresario, caída de sus ventas, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.

Que el alquiler, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar según los límites y /o excepciones establecidos en el mismo decreto.

Gastos y suministros básicos

Están comprendidos dentro de este grupo, el coste de los suministros de electricidad, gas, gasóleo para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer a la parte arrendataria.

El Gobierno de España aplaza la fecha final para completar el Segundo Dividendo Digital

El Gobierno comunica a la Comisión Europea la necesidad de aplazar las siguientes fases del segundo dividendo digital debido a la situación de excepcionalidad que se vive como consecuencia del COVID-19.

El Segundo Dividendo Digital es el proceso por el que se cambian las frecuencias asignadas a los canales de televisión en la banda de 700MHz con el fin de dejarla libre para ser utilizada para desplegar las futuras redes 5G y estaba previsto que finalizara el próximo 30 de junio.

La subasta de 700MHz se aplaza también con el fin de facilitar el esfuerzo adicional que están realizando las operadoras de telecomunicaciones, enfocadas en mantener la conectividad de las empresas y las personas en este momento de emergencia sanitaria.

30 de marzo de 2020.- El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha comunicado a la Comisión Europea que, debido a la situación excepcional derivada de la pandemia del COVID-19, ha decidido aplazar la fecha para la liberación de la banda de 700 MHz, proceso conocido como Segundo Dividendo Digital.

Este proceso consiste en cambiar las frecuencias asignadas a los canales de televisión en la banda de 700MHz con el fin de utilizarlas para desplegar las futuras redes 5G, se realiza por mandato de la Unión Europea (Decisión 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo), y tenía como fecha límite para su ejecución el 30 de junio de 2020. No obstante, la propia Decisión ya preveía la posibilidad de que se pudiera aplazar la fecha límite por ciertos motivos como la fuerza mayor, como es el caso actual.

En la comunicación a la Comisión Europea se explica que la nueva fecha se determinará en función de cuándo finalicen las medidas de contención adoptadas para hacer frente al COVID-19. En todo caso, se señala que será el mínimo plazo imprescindible para completar el proceso.

Como consecuencia de este aplazamiento, los operadores de telecomunicaciones no podrán tener a su disposición en la fecha prevista la banda de frecuencias de 700 MHz para el despliegue de servicios 5G. Los operadores están realizando un esfuerzo adicional para afrontar la crisis ocasionada por el COVID-19 y mantener a las personas y las empresas conectadas, por lo que también se ha decidido aplazar la licitación de la banda de 700 MHz. El aplazamiento de las licitaciones de bandas de frecuencias para servicios 5G es una decisión adoptada en los últimos días por otros países de la Unión Europea, como Francia, Austria y Portugal.

Desde que se declaró el estado de alarma, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha dado instrucciones de mantener, siempre que se salvaguarde la salud de los trabajadores, la ejecución de las actuaciones del proceso. También se ha decidido mantener las emisiones en simulcast (emisión simultánea a través de las frecuencias nueva y antigua), suspender las actuaciones de cambios directos de canal radioeléctrico y mantener en las instalaciones colectivas de recepción de TV el equipamiento de los canales radioeléctricos que se abandonan, todo ello con el fin de garantizar, en este momento de emergencia sanitaria, la recepción del servicio de televisión digital terrestre a los ciudadanos.

La decisión del aplazamiento, que no es una suspensión, se toma después de constatar que las medidas de restricción de la movilidad inevitablemente están ocasionando retrasos en la planificación original que impiden finalizar el proceso antes del 30 de junio.